Valoración de las propuestas en educación del PP (II)ESPAÑA

Contra las teorías oficialistas en las que el agente educador por excelencia es y debe ser el Estado, debe imponerse la realidad de que el primer agente educador es la familia, de donde se deriva que por extensión es la propia sociedad la que debe asumir el protagonismo de ser agente educador.


Actualizado 14 noviembre 2011



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Alejandro Campoy

07.- Fomentaremos centros de especialización curricular que ofrezcan diferentes proyectos educativos mediante el refuerzo y ampliación de los currículos en los ámbitos lingüístico, humanístico, científico, tecnológico, artístico, deportivo y de las tecnologías de la información y la comunicación.
Sobre este punto aparece un cierto desacuerdo y una aparente contradicción: tales centros estarían necesaramente vinculados a las administraciones educativas, y podrían llegar a convertirse en los sustitutos de los actuales Centros de Profesores y Recursos, al parecer llamados a la extinción tal y como se ve venir en ciertas comunidades autónomas recientemente ganadas por el PP. Estos CPR no han sido más que nidos de vividores con carnet que han huído de la tiza. Sería un grave error volver a darles carta de naturaleza sustituyendo unos vividores por otros. En su lugar, existen unos agentes privilegiados que se encargarían de llevar a cabo estas tareas de especializacioón curricular hasta los niveles que les fueran requeridos, y no son otros que las diversas editoriales vinculadas a la educación. Externalícese este servicio y póngase en manos de las editoriales.
08.- Promoveremos la excelencia. Los alumnos con mejores expedientes académicos y mejores resultados en las pruebas nacionales de evaluación recibirán un diploma de excelencia que será mérito preferente para acceder a cualquier tipo de ayudas y becas.
Sin comentarios. Nada que objetar ni añadir. Como en cualquier país normalizado de nuestro entorno. Eso sí, cabría pedir que se preste un poco más de atención y recursos en edades tempranas a los alumnos con sobredotación, abocados actualmente a un grado de fracaso escolar bastante notable y con un riesgo de marginalidad social bastante grave.
09.- Aprobaremos una estrategia nacional de calidad de la educación que incluya un programa específico para la mejora de la competencia lectora y la escritura. Las materias instrumentales, como la lengua, las matemáticas y el inglés, tendrán una prioridad central en la educación obligatoria. Elaboraremos un plan de extensión del uso de las nuevas tecnologías, facilitando el acceso a contenidos educativos de calidad y priorizando la formación del profesorado.
Prioridad a materias instrumentales como la lengua, las matemáticas y el inglés. Bien, pero ésto es imposible sin una modificación en profundidad de los Reales Decetos por los que se establecen las enseñanzas mínimas de cada una de las etapas educativas. Y esta modificación implica a su vez una modificación de la LOE, pues no resulta posible reforzar las matemáticas y la lengua si no se gana un mayor número de horas semanales para su docencia, lo que implica de forma necesaria la eliminación de otras materias de dudosa utilidad.
De igual forma, dentro de la creciente complejidad que ofrece la optatividad a medida que se avanza en una etapa tan crucial como es la ESO, sería conveniente ir eliminando esa progresiva diversificación de optativas, de la que resulta la aparición de una mayor número de horas dedicadas a variedades y la consiguiente reducción horaria de la lengua, las matemáticas y, por qué no decirlo, también de la Geografía e Historia y las Ciencias Naturales.
Por lo que se refiere a la incorporación de las nuevas tecnologías, estamos de nuevo ante un proceso en el que se comenzó el edificio por el tejado: dejen en paz a los alumnos con horas dedicadas a la informática, ordenadores portátiles gratis (y todavía sin pagar en comunidades como Castilla-La Mancha) y aplicaciones sin fin que sólo suponen un quebradero de cabeza para las familias y dedíquense durante toda una legislatura a formar al profesorado; que el inmenso tiempo dedicado a intentar funcionar digitalmente y abocado al fracaso por la falta de formación de los profesores no disminuya ni la cantidad ni la calidad del tiempo necesario que debe dedicarse a las matemáticas, la lengua, la historia y la biología, por ejemplo.
10.- Adoptaremos de forma temprana medidas de refuerzo y de recuperación para aquellos alumnos que lo necesiten con el objeto de combatir el retraso escolar. Apoyaremos especialmente a los centros que escolarizan alumnado en situación de desventaja social. Fomentaremos la atención educativa para alumnos con necesidades especiales de apoyo. En la carrera docente se reconocerá a aquellos profesores que atiendan a alumnos con especiales dificultades.
Retraso escolar, desventaja social, alumnado inmigrante, alumnado con conductas disrruptivas. Todos esos programas ya existen, y funcionan relativamente mal debido a errores de base en su concepción y ejecución (básicamente el primer error fundamental se sigue resumiendo en el “todo gratis para todos y todas”).
El primer inconveninete es que ya se está recortando debido a la inexistencia de recursos públicos en este tipo de programas; el segundo es que no se actúa de forma subsidiaria, dando el protagonismo que deben tener las innumerables iniciativas sociales dirigidas a la atención específica de cada uno de estos colectivos, y el tercer y último problema es el eterno olvido de los alumnos con problemas de sobredotación intelectual, cosa que la LOCE no olvidaba y tenía previsto el inicio inmediato de actuaciones sobre ese campo, abortadas por la inesperada derogación de esta ley tras la llegada al poder de ZP en 2004
11.- Reforzaremos la libertad de elección de las familias promoviendo una educación pública de calidad, y una oferta formativa de iniciativa social que responda a las demandas plurales de las familias.
Entramos en este punto en el bloque de medidas que afrontan por fin a las claras los temas más polémicos de lo que ha supuesto la andadura de la legislación zapateril. La primera de ellas, la libertad de las familias, necesariamente vinculada a la libertad de enseñanza y la libre iniciativa social de promover y ofrecer modelos educativo variados para que los padres puedan elegir sobre opciones reales y no sobre un modelo educativo único, impuesto y totalitario. Y todo ello con remisión a la libertad de fondo, que es la libertad de creencias, ideología y opinión. Y para que todo ello sea real, resulta imprescindible que los poderes públicos asuman de una vez y a las claras el principio de subsidiaridad de los poderes públicos del estado, que debería figurar como uno de los principios fundamentales en un ordenamiento constitucional futuro y de momento hipotético, así como que cumplan de una vez por todas con la neutralidad a la que están obligados por ley tanto constitucional como orgánica.
Contra las teorías oficialistas en las que el agente educador por excelencia es y debe ser el Estado, debe imponerse la realidad de que el primer agente educador es la familia, de donde se deriva que por extensión es la propia sociedad la que debe asumir el protagonismo de ser agente educador. El estado y sus poderes deben ocupar una posición de subordinación respecto a la sociedad: éste y no otro es el principio de subsidiaridad.
Los partidarios del modelo estatalista y totalitario se justifican diciendo que en tal caso se reproducirían en el campo educativo las desigualdades existentes en la propia sociedad, y en este punto tienen razón. En lo que no tienen razón es en el modo de afrontar estas desigualdades, que para ellos consiste en convertirnos a todos en iguales, homogéneos, “ciudadanos” y clones idénticos entre sí, y para un modelo subsidiario el modo de afrontar y superar las desigualdades propias y latentes dentro de la sociedad es precisamente otorgando a los poderes publicos la función correctora de las mismas desde esa posición de subordinación que deben ocupar, potenciando y fomentando la acción de los innumerables agentes sociales (¡que no sindicatos!) que existen orientados a la corrección de esas mismas desigualdades.
12.- Elevaremos la formación cívica de los alumnos, sustituyendo la asignatura ducación para la ciudadanía por otra cuyo contenido esté basado en el aprendizaje de los valores constitucionales y en el conocimiento de las instituciones españolas y europeas.
Bien. El objetivo de tanta lucha de los objetores de conciencia a la EpC parece que puede cumplirse. Pero hay que subrayar esta reserva: “parece que”. Lo que de ninguna forma se podrá admitir es “otra Educación para la ciudadanía", esta vez desde el sesgo ideológico del partido que pueda estar en el poder. Que sea un conocimiento aséptico de la Constitución y las instituciones, y hasta ahí, punto y final. Sería bueno suprimir incluso la palabra “valores” constitucionales, ya que ahí puede estar la trampa. Se trataría de una iniciación de carácter prejurídico, pues la enorme deficiencia democrática de buena parte de la sociedad española reside precisamente en la ausencia más completa de una formación jurídica básica. Por otra parte, y anticipando el contenido del punto siguiente, ¿está vigente la Constitución? ¿funcionan las instituciones?
13.- Haremos efectivo el derecho de los alumnos a aprender en español y en el resto de lenguas cooficiales. Favoreceremos el desarrollo de un bilingüismo integrador que facilite el mejor aprendizaje.
Continuando las preguntas del punto anterior: ¿Sirve para algo el Tribunal Constitucional? ¿Está al servicio del partido en el poder? ¿Por qué algunas comunidades autónomas incumplen las sentencias de ese tribunal porque “no les da la gana” y aquí no pasa nada? ¿realmente serviría de algo una educación en la constitución y las instituciones cuando aquella no se cumplen ni parecen funcionar éstas? Por lo tanto, muy buena la declaración de intenciones, pero el problema de estudiar en la lengua que elijan los propios padres no es un problema de legislación educativa, sino un problema más elevado: se trata de suspender el autogobierno de algunas autonomías hasta que estas no cumplan con las sentencias que emanan del Tribunal Constitucinal y se avengan a dejar de seguir violentando los derechos más elementales contenidos en la propia Constitución.

No cabrá más que un sonoro aplauso si el Partido Popular consigue que se cumpla lo que promete en su programa si gobierna sin hipotecas y consigue que España vuelva a ser un estado de derecho, pomposa frase con la que los políticos se siguen refiriendo a nuestro país cuando el estado real es que existen enormes lagunas de impunidades, privilegios, exenciones, excepciones y desigualdades ante la ley.
14.- Impulsaremos la educación infantil de cero a tres años. En los entornos socialmente más desfavorecidos, promoveremos un modelo de educación infantil con mayor apoyo a las familias y a su función educadora en la primera infancia.
Con esta medida lo que se pretende es favorecer la conciliación de la vida familiar y profesional, una de las grandes asignauras pendientes en nuestro país. La única objeción a ella sigue siendo la absoluta falta de recursos con la que se va a encontrar el Partido Popular si gana las elecciones. ¿Cómo será posible generar los recursos suficientes en la actual coyuntura económica, que exige precisamente austeridad en el gasto público? La única forma es la concertación de este servicio con la amplia red de guarderías que ya exite, aunque no baste, a lo largo de todo el territorio.

De nuevo, la iniciativa social suple, con menos recursos y mayor eficacia, a la iniciativa pública. Sería bueno tomar buena nota de ello para diseñar unas políticas educativas más realistas a partir de ahora de un modo estable y duradero para nuestro país.

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